Roberto Anderi denunció precarias condiciones de privados en el Cicpc

Roberto Anderi, presidente del Colegio de Abogados del estado Cojedes denunció situación de reos en San Carlos.

BRIGITTE GERDEL

            San Carlos.- Roberto Anderi, presidente del Colegio de Abogados del estado Cojedes, denunció las precarias condiciones en las que se encuentran los  privados de libertad en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) San Carlos; son 74 reos que están hacinados en una celda con insalubridad, bajo retardo procesal.

Anderi responsabilizó de esta situación al Ministerio de Servicios Penitenciarios que se niega a recibir reos en las diferentes cárceles del país por órdenes de la ministra Iris Varela. Indicó que se han presentado múltiples motines en las instalaciones de la policía científica en los últimos meses, el último se registró este miércoles 24 de enero.

Resaltó que debido a las malas condiciones en las que se encuentra la celda y el poco espacio, los recluidos sufren de enfermedades en la piel, hay varios con tuberculosis y pueden infectar a sus compañeros de celda.

Asimismo, recordó que son pocos los funcionarios con los que cuenta la instalación, por ende, no tienen la cantidad necesaria para atender toda esa población. Por ello, tienen que priorizar el resguardo de la sede por la gran población penal y no pueden salir a realizar procedimientos en la calle.

 “Parece que están esperando que ocurra una tragedia, no solo se trata de los presos sino de los funcionarios que pueden enfermarse”, lamentó Anderi, quien en el 2016 había advertido sobre esta situación que hoy sigue vigente.

Resaltó que lo que ocurre en ese retén, constituye una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que se les vulnera el debido proceso. Por tal razón le hizo un llamado al jefe del Circuito Penal, Gabriel España y la nueva Fiscal Superior en Cojedes, a que revisen lo que pasa en los calabozos del Cicpc.

Por último, invitó a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales que debe tener todo privado de libertad, porque hay que garantizarles la vida y  la salud, así como también tiene derecho a ser procesados.

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