HRW pide a Trinidad y Tobago detener deportación de niños y niñas venezolanos

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Venezuelan migrants, who were recently deported, arrive at shore on Los Iros Beach after their return to the island, in Erin, Trinidad and Tobago, November 24, 2020. Lincoln Holder/Courtesy Newsday/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY.

La organización Human Rights Watch (HRW) dijo el miércoles que tanto las deportaciones como el trato que el gobierno de Trinidad y Tobago da a los inmigrantes venezolanos, especialmente a los menores de edad “incluidos de niños, niñas y solicitantes de asilo, no sólo constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos, sino son, además, un lamentable reflejo de su lealtad al régimen de Nicolás Maduro”.

La organización precisó que la situación que afronta la isla caribeña por la pandemia del COVID-19 “no justifica deportaciones que violan el derecho internacional” y pidió detener las deportaciones.

En su reporte HRW apunta al menos 24.000 venezolanos han hecho el camino de solo 25 millas (40 kilómetros) que separa a ambos países, huyendo de la grave crisis en Venezuela, y que se espera que esa cifra aumente a 30.000 al concluir 2021.

WHR se dirigió en duros términos a quienes dirigen la isla, al afirmar que “el gobierno de Trinidad y Tobago sigue arrodillándose ante el mismo régimen cuya mala gestión económica y abusos han impulsado el éxodo masivo de más de 5,5 millones de personas”.

El 6 de diciembre del pasado año, 34 inmigrantes entre los que se encontraban varios niños murieron ahogados cuando la embarcación en que viajaban zozobró.

HRW cita la postura del primer ministro Keith Rowley, quien dijo a mediados de diciembre que no votaría ninguna resolución de la OEA hasta tanto el líder opositor Juan Guaidó no saliera de la mesa negociadora y en su lugar pusieran a un representante del gobierno de Maduro.

En otro ejemplo, la organización veladora de los derechos humanos, cita el caso del 17 de noviembre de 2020, “la policía detuvo a 29 venezolanos, incluidos 16 niños y niñas, uno de ellos de cuatro meses de edad, al llegar la embarcación en la cual se trasladaban”, todos fueron enviados de regreso a Venezuela, afirmó HRW.

Las deportaciones sin debido proceso y la devolución de solicitantes de asilo a sitios donde podrían enfrentar un riesgo concreto de amenazas contra su vida u otros daños graves violan el derecho internacional. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño obliga a los países a no enviar de regreso a niños y niñas no acompañados o separados de sus familias a un país donde haya “motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable”.

Los niños y las niñas están entre los más afectados por la emergencia humanitaria en Venezuela. Más del 14 % de los menores de 5 años que viven en algunas zonas de bajos recursos están desnutridos, según la organización sin fines de lucro Cáritas. Cerca de 3,2 millones de niños y niñas en Venezuela y otros 4,3 millones que han salido del país necesitan asistencia humanitaria urgente, afirma UNICEF, e incluso antes de los cierres por Covid-19, 856.000 niños y niñas ya habían abandonado la escuela en Venezuela.

Las deportaciones arbitrarias también violan el derecho de los niños a la unidad familiar. Separar a una familia puede constituir “una injerencia arbitraria o ilegítima en la vida familiar”, según los Comités de los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios  y de sus Familiares. Trinidad y Tobago debe facilitar la reunificación de los niños con sus padres y priorizar el interés superior de los niños y niñas.

Con independencia de los lazos económicos o diplomáticos que tenga Trinidad y Tobago con Venezuela, o los desafíos producto de la pandemia, los venezolanos que llegan a estas islas tienen derecho a pedir asilo. A los niños y niñas se les debe permitir reunirse con sus familias. Su destino no puede depender de la intervención de un juez. Las máximas autoridades del país, empezando por el Primer Ministro, también tienen la obligación de hacer valer sus derechos humanos.

Con información de voanoticias.com